Pedro Castillo, el candidato a la presidencia por el partido Perú Libre, ha desatado una tormenta con sus radicales propuestas anticorrupción. En un audaz plan, promete la creación de un nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para 2021-2026 y no se detiene ahí: planea convocar una Asamblea Nacional Constituyente para aniquilar la actual Constitución.
¡Sorpresa! Castillo quiere concursos públicos para la elección de jueces, fiscales y miembros del Tribunal Constitucional, todos con mandato popular. Y eso no es todo, también está decidido a descentralizar la economía, incluyendo la fiscal y tributaria.
Pero la bomba realmente explota cuando Castillo propone prohibir de tajo el financiamiento privado de las campañas políticas y revisar esos tratados de libre comercio que, según él, solo han traído problemas. Además, denuncia la corrupción vinculada a las ONGs y sus relaciones turbias con la población.
¿Más? Sí. Castillo planea crear una Fiscalía Suprema especializada en casos de corrupción y lavado de activos, y establece que los casos de corrupción deben resolverse en un asombroso máximo de 45 días. También quiere hacer que estos delitos nunca prescriban.
En una maniobra sin precedentes, propone una cruzada nacional para limpiar el aparato estatal con la ayuda de jueces, fiscales y hasta las rondas campesinas. Asegura que la designación de jueces y autoridades debe ser transparente y participativa, con elección popular. Y, sin piedad, propone desactivar sectores con comprobada corrupción dentro de las instituciones.
El Congreso no se salva: Castillo insiste en que deben iniciar una limpieza interna de actos de corrupción y rediseñar la Comisión de Ética del Parlamento para asegurar una evaluación implacable y no politizada de la conducta de los congresistas.
Pero el golpe de gracia lo da con su propuesta de implementar la muerte civil para los corruptos y, en un giro dramático, sugiere revisar el Pacto de San José para evaluar la posibilidad de aplicar la pena de muerte a los corruptos. ¡Sí, leyó bien, la pena de muerte!
Y para rematar, Castillo planea consultar al pueblo mediante referéndum sobre la necesidad de cambiar la Constitución y convocar una Asamblea Nacional Constituyente dentro de los seis meses de asumir el mandato. Esta asamblea incluiría un 60% de participación del pueblo y un 40% de expertos, para asegurar la inclusión de diversas voces y sectores del país.
Estas propuestas incendiarias de Castillo buscan, según él, establecer un marco integral y participativo para combatir la corrupción en Perú, pero han generado un verdadero terremoto en el escenario político.
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